PETROLEO Y POLITICA

24 de febrero de 2012

Miguel Cuervo*

La manifestación pública más simple pero visible, es la dificultad para cargar combustibles en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero que se extiende a todas las grandes localidades del país.

Sin embargo, este hecho refleja la falta de inversiones en capacidad de refino, donde YPF (Repsol-YPF) tiene el 52 % del mercado, mientras el resto se reparte entre Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles, además de la reducción en la oferta de crudo para procesar, respecto de la demanda de combustibles, acrecida por el crecimiento de la economía y del parque automotor. Entre 2003 y 2011 se agregaron al parque unos 4.300.000 vehículos totales.

Sin embargo el foco del Gobierno está puesto en la caída de la producción de petróleo (y gas) y subsidiariamente de las reservas probadas. Aquí también YPF es la empresa dominante.

La industria de combustibles (petróleo, gas, nafta, gasoil, fuel oil) está en la mira.

El déficit comercial externo alcanzó el record histórico de U$S 3.700 millones en 2011, marcado por las importaciones de gasoil, fueloil y gas natural licuado, con una previsión de déficit para 2012 del orden de los U$S 6.500 millones y subiendo año a año. Este fenómeno, que se arrastra desde hace unos años, concentró la preocupación del Gobierno, que tiene como objetivo sostener el volumen de reservas internacionales del Banco Central, dado que es la industria más deficitaria luego de la Automotriz y la de Bienes de Capital.

La producción de crudo comienza a caer en 1998 y no cesa de caer. Entre 2003 y 2011 cayó un 24 %, o 10 millones de m3, de la que YPF explica el 20 %, según datos fragmentarios informados por distintos estamentos oficiales.

Este es el hecho que el Gobierno puntualiza como detonante de la situación crítica en combustibles y lo atribuye a la falta de inversiones de YPF. También habría que explicar cuál es la razón por la que el otro 80 % de la caída de la producción ocurre, siendo que responde a otros operadores del llamado upstream petrolero.

Además caen las reservas de petróleo crudo y esto es un tema más crítico y limitante que el anterior. El Gobierno ahora también se agravia de este hecho negativo. Entre 2003 y 2011 las reservas comprobadas (es decir certificadas) de crudo del país, se redujeron en un 12 %. Comenzaron a caer en 1999 y así siguieron hasta 2005, tuvieron una leve recuperación en 2006 y 2007 y desde allí volvieron a caer un 8 %.

El Gobierno plantea que el punto más crítico es que las reservas comprobadas de YPF, se redujeron dramáticamente, nada menos que en un 65 % entre 1999 y 2010.

Es verdad que la empresa anunció tres veces y de tres formas distintas, que había encontrado petróleo no convencional en el yacimiento concesionado en Loma La Lata Sur y que sería un reservorio de alto poder de generación, pero hasta ahora no son reservas comprobadas y, además, según el presidente de Repsol – YPF el accionista mayoritario de YPF, Antonio Brufau, para desarrollarlas, es decir volverlas comerciales, se requeriría una inversión de U$S 24.000 millones que, según informó oficialmente en Qatar, en el Congreso Mundial de Combustibles recientemente, Repsol no dispone.

En simultáneo, la restricción de oferta de combustibles líquidos, que obedece a la falta de inversiones en capacidad de refino, también denunciada por el Gobierno, se agrava porque no se tiene una nueva refinería desde hace casi dos décadas pero, además, la infraestructura básica de refinación es la misma de hace cuarenta años. Se hubiera necesitado una inversión en 2006, en 2010 y ahora en 2013, del tamaño de la que YPF tiene en Luján de Cuyo (Mendoza), pero esas inversiones no se hicieron.

Los tres señalamientos del Gobiernos, en realidad reclamos a YPF, la empresa líder, tienen un denominador común, la falta de inversiones. En este sentido el problema no es actual solamente, sino que se arrastra desde los primeros años post privatización. La estadística oficial más exacta informa que el upstream (exploración + explotación) petrolero – gasífero, entre 1995 y 2002, sólo invirtió U$S 15.454 millones y que de este monto, el 85 % fue en explotación, o sea en extracción de las reservas heredadas de la YPF estatal y de Gas del Estado, mientras que sólo el 15 % fue destinado a explorar en busca de reservas, lo que hace una inversión en exploración de U$S 283 millones/año, una cifra menos que mínima para esta industria.

El Gobierno acusa a YPF de no reinvertir utilidades entre 2008 y 2010 sino que, por el contrario, de distribuir las utilidades entre los accionistas, incluyendo utilidades acumuladas de períodos anteriores, por un monto de U$S 4.600 millones.

Ese reparto correspondió a una obligación escrita en el contrato de venta de un porcentaje de acciones de YPF (25,46 %), por parte de Repsol, al Grupo Petersen, de la familia Eskenazy que, como informa el convenio presentado a la Comisión de Valores de Nueva York – SEC (EEUU), contiene una cláusula que establece que los Eskenazy pagarían su compra con los dividendos de la propia YPF.

Así, ahora hay una fuerte presión para invertir, pero la legislación de principio de los noventa, los llamados “decretos privatizadores”, que no fueron reformados y están vigentes, no obliga al upstream petrolero a mantener reservas o a invertir, por lo que sólo queda la herramienta de la presión o de la persuasión. La otra alternativa es modificar la legislación, pero esto requiere ajuste fino dado la experiencia de las denuncias ante el CIADI.

Actualmente se están delineando dos senderos para atacar el problema. Algunos parecen proponer que el Estado debe apropiarse, estatizar, de YPF, el peor negocio para el país, dado el estado calamitoso de la empresa en términos de activos y tecnología. Otros, y este parece ser el camino por el que transita la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), una suerte de liga provincial de provincias petroleras, sugiere aplicar lisa y llanamente la Ley de Hidrocarburos 17.319, que hace posible recurrir a la reversión y caducidad anticipada de áreas, una suerte de revocación de las concesiones.

*Director de Investigaciones del Centro de Estrategia de Estado y Mercado (EEM)

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26 febrero 2012

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