Las palabras y los hechos

27 de enero de 2013

por Carlos Leyba

La política económica, en un país con los déficits sociales de la Argentina que no es el propósito de esta nota comentar, tiene que cumplir con dos requisitos básicos si es que se trata que la economía contribuya a terminar con esos déficits sociales. El primer requisito es el de lograr que el nivel de actividad económica alcance, en forma permanente, el nivel del producto potencial al que esa economía puede acceder. Eso significa, en primer lugar, el pleno empleo; y en segundo lugar, que no exista capacidad productiva ociosa. El no aprovechamiento del potencial es una falla de la administración de la política. Es un desperdicio de recursos; y, lo más grave, es que traba el desarrollo de las personas. El desempleo es un flagelo que las sociedades lo pagan a un costo mucho mayor que el podría inferir una política de pleno empleo.El requisito número dos es acrecentar ese producto potencial y transformar su patrón. En el caso argentino se trata de superar el premio de la naturaleza – que nos lleva de la mano a la primarización – e incorporar, aprovechando ese premio, las capacidades y habilidades científico tecnológicas de modo de producir la transformación de la estructura productiva. Una transformación que consiste en industrialización que alcanza velocidad de crucero cuando las exportaciones industriales se convierten en protagonistas de la vida económica.

¿Cuáles son los resultados, respecto de ambos requisitos, de la actual política económica?

Primero es necesario aclarar que el discurso oficial, por razones que no vienen a cuento, se autoreferencia como un programa que posibilita y produce una economía de “pleno empleo” y ,por lo tanto, de aprovechamiento del potencial. Programa que, a su vez, según el discurso, produce la transformación de nuestra economía primarizada hacia una economía industrial.

El discurso oficial sostiene que la acción de gobierno procura y logra, la satisfacción de los dos requisitos de política económica para terminar con los déficits sociales.

El discurso oficial, entonces, coincide básicamente con el planteo inicial de a qué debe responder la política económica.

¿Pero la práctica, los resultados, coinciden?

Antes de elaborar una respuesta es necesario aclarar que no todos los discursos, aunque parezca insólito, sostienen la necesidad de que se cumplan esos requisitos. Quizá todos coinciden en la necesidad de acabar con esos déficit sociales. Pero los caminos por los que la economía, se cree, puede aportar algo son diversos. Una parte no menor del pensamiento económico y político,  la que se ha impuesto en nuestro país por más de tres décadas, privilegia – por encima del aprovechamiento del potencial – la estabilidad de los precios. El planteo se basa en que hay contradicción intrínseca entre estabilidad y pleno empleo. Y, por lo tanto se considera que, si el bien principal a custodiar es la estabilidad, el precio del desempleo es bajo frente al costo de la inestabilidad. Y respecto de la transformación industrializadora, el mismo pensamiento, sostiene que carece de sentido intentar transformar la estructura y dejar de basarse en las ventajas que nos brinda la naturaleza. Entienden que el costo de la transformación de la estructura no puede ser compensado; y la política reportaría mayores costos que beneficios sociales.

Nuestra historia de más de tres décadas, en síntesis, es la de la aplicación de ese pensamiento económico.  Es decir, ni la política de pleno empleo ni la de transformación de la estructura productiva, han sido puestas en práctica después del abandono del Pacto Social Perón- Rucci- Gelbard que fue la etapa superior de los 30 “años gloriosos de la economía argentina”. Justamente la consecuencia del predominio de ese pensamiento es la persistencia de los agobiantes déficits sociales que mencionamos al principio.

Lo cierto es que, a nivel de discurso y de objetivos declarados, el oficialismo reivindica aquellas políticas. Aunque es absolutamente refractario al diálogo, a la concertación y al Pacto Social que fueron el método necesario para aplicar esas políticas.

Pero¿ son convergentes las palabras y los hechos? ¿cuáles son los resultados a la fecha en materia de aprovechamiento de potencial y de transformación del mismo?

El requisito del pleno empleo debe ser analizado desde cuatro dimensiones. En primer lugar la tasa de desempleo; en segundo lugar la tasa de trabajo en negro o informal; en tercer lugar la masa de pagos de transferencia o subsidios para “empleo de asistencia”; y en cuarto lugar la proporción de la población económica activa al total de la población (tasa de actividad).

Empecemos por el final. Nuestra tasa de actividad (46) que está por debajo de Canadá (56); Nueva Zelanda (54); Australia (53); Dinamarca (53); Estados Unidos, Brasil y Uruguay (51) y España (50), etc. La comparación revela que tenemos entonces un potencial de entre 10 y 4 por ciento de la población incorporable a la fuerza de trabajo activa. Aproximarnos a esos patrones implica entre 4 y 1,6 millones más de personas demandando trabajo, a las que habría que dotar de capital para ocuparlas, proveerles de un trabajo de mínima productividad o sumarlas al desempleo. Este dato debe ser considerado para dictaminar sobre el resultado de la política de pleno empleo dado que las diferentes tasas de actividad están asociadas a diferentes incentivos o posibilidades de pertenecer o no al mundo laboral. En segundo lugar la masa de pagos de transferencia o subsidio para “empleos de asistencia”, es un número muy importante en algunas provincias. En una de ellas, alejada del oficialismo, aproximadamente el 10 por ciento de la población integra un programa de “empleo” que tiene un nivel de remuneración de “asistencia social”. Sin embargo esas personas se reportan como empleadas. El trabajo en negro o informal, en todo el país, se ubica en el 35/40 por ciento de las personas que trabajan. La tasa de desempleo, a la que todo lo antes señalado tiende a aumentarla en la realidad aunque no se compute en la estadística, es del 7,6 por ciento y el subempleo está en 8,9 por ciento. Para comparar ese número, en plena crisis de empleo, Estados Unidos tiene una tasa de 7,8 por ciento.

Si bien los conceptos de tasa de actividad, desempleo, trabajo en negro y planes sociales, no son sumables, si permiten calificar con baja nota el logro del “objetivo” pleno empleo. Y además nuestra tasa de desempleo es igual o mayor, a la de muchos países que están atravesando la crisis económica de la que los emergentes estamos felizmente aislados.

Otra mirada sobre el aprovechamiento del potencial está referida al nivel de actividad económica. El estancamiento y posterior retracción de la actividad industrial de 2012 revela “capacidades no utilizadas”; y de la misma manera podemos asignar como capacidad no utilizada lo que ocurre en el sector de la construcción. Las restricciones a las importaciones están en el centro de la cuestión de la utilización de la capacidad. Es posible que la razón de fondo sea la de financiar sin deuda la importación de energía, sin la cual se generaría un excedente de capacidad ante la imposibilidad de funcionamiento a pleno del aparato productivo por falta de la energía necesaria. Pero la obtención de excedentes para pagar la factura energética genera una restricción de importaciones de insumos y partes, que limita el uso de la capacidad instalada.

De lo expuesto surge que la política de aprovechamiento del potencial, en el presente, no se cumple ni por el pleno empleo ni por el pleno uso de todo el potencial productivo. La restricción energética nos lleva al otro andarivel de la política: la de la ampliación y transformación de la estructura productiva.

Ha sido la presidente de la Nación la que ha reconocido las falencias en la política de incremento del potencial energético. Por otra parte no ha habido inversiones significativas en energías renovables (hidraúlica, eólica, solar) o atómica que coadyuven a la transformación de la matriz energética. Y eso es, en sí mismo, un problema. Los potenciales de Vaca Muerta, que pueden implicar un impacto extraordinario, de no actuarse contratendencialmente profundizaran la matriz energética actual con todos los problemas que ello implica. En energía no hemos avanzado ni en expansión del potencial ni en transformación.

Pero la revelación durante la etapa CFK ha sido, sin duda, la minería. La explotación de esa riqueza extraordinaria tiene el valor de poner en acto el potencial dormido en las entrañas de la tierra; y a su vez el riesgo de la profundización de la primarización. La totalidad de los proyectos mineros desarrollados en el país – dejando de lado la discusión ambiental del largo plazo –se agotan en la primera etapa; y toda la cadena de elaboración de los minerales, ocurre en el exterior. Se cumple en este caso el criterio de expansión del potencial, pero no el de transformación hacia la industrialización. Sin industrialización de los minerales hasta la última etapa de mercado, estamos en el mismo caso de la soja que se exporta en grano o en primera elaboración, pero que para producirla se desforesta, se deshabita y se instala la cultura del monocultivo. Primarización con aumento de potencial. Pero no transformación.

Un caso emblemático es el reciente caso de la paralización de las obras de la mina de sales de potasio de la empresa Vale. La empresa exportará mineral primario para elaborar fertilizantes en Brasil a partir de esa materia prima. Se trata de un proyecto de flagrante primarización propio de la década del 90. Pero el proyecto tiene el agravante de que el balance de potasio de la producción rural argentina es uno de los elementos de nuestra competitividad sectorial. Brasil compite con nuestro país en el mercado mundial de agroalimentos y subsidia su producción para autoabastecerse en aquello que los argentinos somos campeones mundiales, por ejemplo lácteos y trigo. Este proyecto significa disminuir la competitividad relativa no a cambio de un proceso de industrialización, sino como consecuencia de un proceso más de primarización que reduciría las ventajas comparadas con el país vecino. Son estos casos en los que, habiendo una expansión del potencial, o no hay rumbo hacia la transformación industrial o, como en este caso, es necesario debitar en la cuenta del proyecto la disminución de competitividad relativa que habrá de producirse.

Pero hay casos de mucha mayor dimensión crítica. El potencial productivo del sistema de transportes esta absolutamente colapsado. De la capacidad de almacenamiento al estado de las rutas, hay un mínimo común denominador de estancamiento o deterioro del potencial. La excepción puede estar dada por la expansión del parque de camiones. Pero nada puede compensar el atraso y regresión del sistema ferroviario. Un hecho no nuevo que, durante esta gestión, se ha agravado. Las victimas de la tragedia de Once, por cierto, no se honran con la recuperación del sistema Sarmiento. La honra tiene necesariamente que pasar por la identificación de la responsabilidad política, que no necesariamente implica las responsabilidades que detecta la justicia. Un inocente jurídico bien puede ser el principal responsable político. Y debe explicitarse para la salud de la sociedad.

Pero además, la recuperación del sistema ferroviario ejemplificada en el Sarmiento, según la estrategia gubernamental, es expandir el potencial de servicio con material rodante importado de China. La expansión del potencial está; pero el potencial de transformación e industrialización que podría haberse gestado con la recuperación de la industria ferroviaria nacional ha recibido un golpe mutilante.

La urgencia, que evidencia la demora de 10 años de esta administración que no hizo nada que valga la pena en la materia, ha llevado a adoptar el criterio de la velocidad por encima del de la necesidad y conveniencia.

No hay justificativo para no tener un programa de equipamiento ferroviario que garantice el trabajo nacional y la utilización de la capacidad industrial instalada en el sector, que es también el know how de años, merced a un convenio de compra y financiación sujeto a las cláusulas de transferencias de tecnología, partes y trabajo local. Eso es lo que hace cualquier país que tiene un ideal histórico concreto.

La conclusión es consistente con lo antes expuesto: cuando nos encontramos con expansión del potencial (proyecto Vaca Muerta, sales de potasio, vagones ferroviarios) no hay efectivo compromiso y acción, en materia de transformación industrializadora.

Los ejemplos citados sirven para poner en blanco y negro que, aún en los casos de expansión del potencial que celebramos, no se cumple la tarea de transformación de la estructura productiva que lamentamos. En el balance gana el corto plazo. La tragedia argentina pasa por ahí el corto plazo o simple, lo que brilla no ilumina.

El razonamiento que sostiene las palabras del discurso oficial podría haber realizado este recorrido; y seguramente la conclusión sobre los hechos presentes habría sido la misma de esta nota.

Una síntesis extremadamente simplificadora sería “ni pleno empleo” “ni transformación” a pesar de la vocación que acerca de ello trasunta el discurso.

Detrás de todo está la bajísima inversión en capital reproductivo que tiene el país desde hace años. La inversión es la línea de unión entre una buena política de pleno empleo y una buena política de transformación.

A pesar del convincente discurso oficial sobre ambas políticas, la del aprovechamiento y la de la expansión y transformación, ellas no parecen ser el alimento de las decisiones cotidianas. En la medida que esos discursos no se materialicen en hechos, y no animen las decisiones de los hombres de gobierno, los déficits sociales no se aplacaran.

Y mientras estos déficits subsistan aquellos que son partidarios de las políticas que no privilegian el pleno empleo y la transformación – los opositores al oficialismo y a su discurso – utilizarán la persistencia de esos resultados sociales para fundamentar que, la doctrina que predica el gobierno – aunque en la realidad no se haya aplicado – es responsable de la continuidad de los males.

Esa es la desgraciada consecuencia que ocurre cuando las palabras y los hechos se divorcian. Los hechos son imaginarios y las palabras son elocuentes.

Los que estamos realmente convencidos del valor y la eficacia social de las políticas de pleno empleo y de expansión y transformación de la estructura productiva, seremos los principales perjudicados. Las sanas políticas serán responsabilizadas de la continuidad de los déficit sociales. A causa de las palabras oficiales. No de los hechos oficiales.

Tal vez por eso el diálogo sea tan difícil. Las palabras van por un lado y los hechos en la dirección contraria. ¿Qué lo explica? No lo sé. Pero sí se lo que nos está costando y lo que nos va a costar.

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27 enero 2013

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