Control Popular

23 de mayo de 2013

Por Carlos Leyba

El éxito de una economía se mide por la dinámica de la equidad asociada a la productividad. La estructura “no industrializada” la traba con el surgimiento de la inflación. El control de precios es un método antiinflacionario posible. La privatización de los controles no lo es. Eso hizo el menemismo con la Señora de Lazari. Detrás de este concepto está el desplazamiento del Estado. El verdadero control popular requiere del fortalecimiento de las estructuras políticas; el aislamiento definitivo de la violencia; y la apertura genuina a la participación popular en todos los palacios del poder.

La noticia más ruidosa, esta semana, para la economía – a pesar de la sucesión de denuncias ante la justicia, movimientos de fiscales, paseo mediático sobre la súbita fortuna de algunas personas vinculadas a funcionarios públicos – fue el lanzamiento de una campaña de control de precios a cargo, entre otros sectores privados no pertenecientes a la estructura del Estado, de La Cámpora.

Por su significación conceptual no es un hecho menor. Tampoco por su oportunidad: ocurre al momento de cumplirse el décimo aniversario del gobierno del matrimonio Kirchner. Unos párrafos acerca de esto.

Primero acerca de los diez años. Para algunos economistas, alineados con el gobierno, se han cumplido diez años de una gestión no solo exitosa, que ha dejado atrás a un período sombrío, sino una que ha sido estructuralmente transformadora.  Otras visiones heterodoxas, aun aquellas que coinciden en que ésta gestión – iniciada en diciembre de 2001 – dejó atrás esa crisis; atravesó el rubicón de 2002, y reestableció la política; discrepan en que haya ocurrido una real transformación. Es decir consideran que no hay cambios estructurales. Veamos.

Toda transformación, para ser tal, requiere cambios estructurales. Estos pueden ser regresivos (transformaciones de atraso) o progresivos (transformaciones de progreso).

Primero necesitamos definir a qué vamos a llamar progreso.

Dejando de lado provisoriamente discusiones de mayor profundidad, que ciertamente son sustantivas, vamos a transitar ahora un camino, que puede ser superficial, que tiene la ventaja de estar pavimentado.

En este tránsito, en democracia, llamamos progreso a la mejora en la equidad distributiva. Una democracia incurre en contradicción si no es una marcha continua hacia la igualdad de resultados y no sólo de oportunidades. Y uno de los datos del éxito de esa marcha es la dinámica de la equidad distributiva. Y en una economía capitalista, llamamos progreso al incremento de la producción por habitante. La mejor manera de expresarlo es la productividad. El éxito, como medida, del capitalismo es el crecimiento sostenido del PBI por habitante.

Entonces, en toda democracia capitalista el progreso es crecimiento con equidad o mejor más crecimiento con más equidad. No hay progreso sin lo uno y lo otro a la vez.

No hay intercambio entre una y otra cosa: si más crecimiento – es decir, más capitalismo – resultara en menos equidad, estaremos saliendo de la democracia.

Y si una mejora en la equidad, más democracia, se realiza a costa de menos crecimiento, nos estaremos saliendo del patrón que justifica al capitalismo como apropiación privada de los medios de producción.

Sin embargo si fuera inevitable optar por una de estas dos combinaciones, haciendo ejercicio de la imaginación, una combinación de más equidad a costa del crecimiento, resulta más atractiva y es más democrática. Imaginemos un derrumbe de la economía, por la razón que sea; todos desearíamos que hubiera más compensaciones para los más desfavorecidos y eso apuntaría a la equidad. La otra, la opción de más crecimiento con menos equidad, sin dudarlo, llevaría a la democracia a un cono de sombra. El conflicto social se acumularía irreversiblemente.

Para lograr crecimiento con equidad, partiendo de las estructuras de una democracia capitalista, que no proveyera a la vez ambas cosas o que fuera de lento crecimiento y poca justicia social, se requiere de transformaciones estructurales, justamente porque las estructuras existentes no lo generan.

Las experiencias recientes mundiales; y la propia experiencia histórica argentina, señalan que la principal transformación estructural requerida, para ese objetivo de progreso, es la de una industrialización acelerada (mas empleo industrial con mas equipamiento) y además una transformación de las exportaciones que partiendo, en el tiempo, desde el sector primario (agro y minería) avance, en el tiempo, agregando valor hasta concretarse en exportaciones del sector industrial. Esta transformación es la que provee productividad y equidad: es lo que señalan los estudios comparativos. ¿Esta transformación ha ocurrido en esta década?

Según los números del INDEC, la estructura productiva no se ha industrializado; y el déficit industrial de la balanza de comercio exterior se ha incrementado. En ese sentido es que las exportaciones no se han industrializado.

De ello resulta que algunos o muchos de los problemas propios de la estructura “no industrializada” retornan de manera recurrente. Uno de ellos es la inflación.

Toda inflación conspira contra la equidad. Ella carga con un fardo mayor para salir de la pobreza porque erosiona los ingresos fijos populares. Las compensaciones administradas son imprescindibles.

Y además, dependiendo de los anclajes que se realicen, la inflación puede contribuir a primarizar las exportaciones. Es el caso del atraso cambiario como ancla. Cuando el ancla cambiaria pesa, entonces, los escalones de valor agregado van hacia atrás. Por todo eso la inflación denuncia la no transformación estructural.

La apelación al control de precios congelados, vía la convocatoria a sectores privados militantes de la política o no, para ¿terminar? con la inflación es primero un reconocimiento de la inflación. Preocupante porque no se traduce en una política sino en una acción ex post. Y segundo sorprendente. Se trata de una  reconfiguración del sistema menemista en el control de la inflación. En este caso no me refiero al anclaje cambiario, que se está desactivando aceleradamente, sino al sistema Lita de Lazari. Me explico.

La apelación a organizaciones privadas, no estatales, para el control de los precios es una vuelta a Lazari como control privado ex post. Pertenece a la misma categoría de acción política que el papel de aquella Señora en los 90.

Sin duda el discurso K está distante años luz del discurso M. Pero en ambos casos, la idea, es detectar la cuestión al final de la cadena y con la misma concepción institucional: el Estado no sabe, no quiere, no puede. Pero la intensidad, las formas, la dirección, son diferentes.

En ambos casos la herramienta pudo o puede tener impacto, directo e inicial, sobre el objetivo. Y en ambos casos, el impacto indirecto y en el tiempo, puede revelar costos superiores al beneficio. Lo mismo ocurre con un remedio administrado en la urgencia. Puede ser eficaz, pero sin diagnóstico adecuado, lo más probable es que resulte ineficiente.

Toda herramienta de política económica debe ser juzgada no solo por su eficacia, es decir el impacto directo e inicial, sino también por su eficiencia, que apunta al impacto indirecto y a lo largo del tiempo. Ninguna decisión política debe ser solamente hija de la mirada al blanco y al momento sino que, necesariamente, debe tener la paternidad de la mirada sistémica y de largo plazo.

Nada hay peor en política que las medidas de efecto bumerang. Es decir aquellas a las que el sistema y el tiempo, las revelan de sentido contrario al que supuestamente tenían.

Volvamos a la decisión de CFK sobre el control de precios. La pregunta mas importante es si ésta decisión, de lanzar a la calle a las organizaciones políticas (lo son La Campora y los distintos movimientos sociales), es una medida apropiada que revela la capacidad de la conducción política para incorporar nuevas herramientas eficaces y eficientes contra la inflación; o bien no lo es y, en ese caso, se trata de simplemente de un placebo para la tribuna (inocuo); o bien se trata de un bumerang que termina castigando al que lo ha lanzado.

Pero también hay una pregunta, menos directa, que tiene que ver con  un mal de época. Un mal que es previo al kirchnerismo; y que también es común a corrientes de pensamiento absolutamente contrarias al discurso K. Esa pregunta es acerca de la permanente apelación al sector privado para suplir las funciones del Estado.

La primera etapa de esta doctrina, la menemista, fue la privatización de las empresas publicas y aun de las estratégicas. Muy parcialmente la misma ha tenido algunos pasos de reversión durante el período K.

Pero aun en éste periodo ha continuado el proceso que podemos llamar de privatización de la acción publica. Y esta decisión de poner las organizaciones privadas, políticas o no, a una tarea propia del Estado (el control de precios) es un hito en esa dirección.

Una aclaración previa. Sectores de la oposición, y particularmente los antiperonistas históricos, han asociado esta decisión a la lucha contra el “agio y la especulación” lanzada en la primera presidencia del General Juan Domingo Perón. Es importante recordar que – más allá de los excesos y los resultados – esa acción se basó – mas allá de su eficacia y eficiencia – se basó en una ley ad hoc. Y que, en segundo lugar, la acción de control estuvo a cargo de una del área de gobierno que hizo famoso a su Jefe, un funcionario policial, que le daba el carácter institucional a la represión al incumplimiento de la norma. El Estado efectuaba el control y aplicaba las decisiones. No un agrupamiento privado. Una distancia enorme, entonces, entre el primer Perón con lo que se propone en el presente desde el punto de vista institucional. Uno de los métodos vacía de contenido al Estado. El otro pone al Estado en acción.

En segundo lugar, también en aquella década peronista, se inauguro el método de la concertación y el acuerdo, para combatir la inflación y fue apelando a la productividad. Para ello se hizo un Congreso y finalmente, en su tercer presidencia, el consenso fue la base de la política de administración de precios, cuyo control, no era otro que el registro veraz de los precios del mercado por medio de la encuesta de inflación del INDEC. Los precios se administraban y básicamente, el control de resultados se llevaba a cabo por la medición veraz del INDEC. No por el sistema de inspección pública del que, naturalmente, se disponía.

No es imaginable que la concepción del Estado de Perón hubiera avalado el suplir sus funciones por el sector privado por mas afinidad ideológica que ese sector tuviera.

Esa reconfiguración K del método M de Lita de Lazari, más allá de lo que se piense acerca de su capacidad como herramienta para resolver el problema, supone un diagnóstico del origen de la inflación y también una concepción del Estado y de sus funciones.

Ninguna decisión política deja de responder a un diagnóstico de la situación a la que atiende, a una concepción del Estado y sus funciones.

Como todos recordarán durante el menemismo, además de las armas letales de la importación festiva, la lucha contra la inflación, o la carestía de la vida, también se privatizó. La Señora de Lazari encabezó la lucha por la búsqueda de los precios más baratos y se le encargó la denuncia pública de los comerciantes “careros”. La privatización, en ese caso, consistió en otorgar a una entidad privada un papel – la defensa del consumidor – que es propio del Estado apoyándola con recursos del Estado.

Otro caso emblemático es el de las soluciones habitacionales para los sectores carenciados cuando es realizada por entidades privadas con dinero del Estado. Sea Caritas, las Madres de Plaza de Mayo o Milagros Sala, se trata siempre de una privatización porque se realiza una tarea del Estado, con recursos del Estado, pero con decisión y ejecución privada.

Lo que esta detrás de este concepto es, en primer lugar, el desplazamiento del Estado y la construcción de una entidad privada que ocupa el lugar del Estado y a la que se la empodera.

Y en segundo lugar detrás está el afloramiento de una ideología antiestatal que, aunque suene paradójico, responde a la concepción del Consenso de Washington y a la tipología de las condicionalidades del Banco Mundial.

Esa concepción es la de menos Estado, en tanto agente del bien común; y mas fragmentación del mismo para transferir poder fuera del Estado; y, por lo tanto, menos democracia entendida como institucionalización de la voluntad popular.

La tercera aproximación es que, esa desconfianza en el Estado, en realidad es una diagonal para que los recursos del Estado, por las vías de hecho, sean trasladados a un sector privado lo que, por definición, es una apropiación privada de lo público.

Es obvio el caso de la política de desarrollo social realizada con recursos públicos. Ella no debe ser privatizada. Y si se entiende que el Estado no puede cumplir esas funciones con la suficiente calidad de lo que se trata, es de hacer que el Estado adquiera la calidad que, según este criterio, dispone un sector privado y cualquiera sea el carácter de la institución involucrada.

Hecha esta aclaración, la decisión de disponer la actividad de contralor de los precios en manos de entidades privadas, sean partidarias o no, transfiriéndoles alguna autoridad, cualquiera sea esa, es un proceso de privatización y de desplazamiento del Estado. Se trata de un caso de reconfiguración del proyecto menemista Lita de Lazari, ahora encabezado por agrupaciones políticas juveniles que no están integradas mayoritariamente por amas de casa.

Cualquiera sea la intención, y se descuenta la buena voluntad, el control de cualquier política, por ejemplo la de precios cualquiera sea esta, es una responsabilidad del Estado que no debe ser delegada en ningún nivel, ni en el nivel de espionaje, ni en el nivel de intervención al sector privado.

Lo público responde al bien común y no debe ser privatizado, cualquiera sea la ideología de los privatizadores. Por cierto hay una definición previa: ¿qué debe ser necesariamente público? O ¿qué puede ser privatizado de aquello que hoy es público? No hay duda que si hay algo que no puede ser privatizado es el control de las decisiones públicas.

Se ha dicho que los jóvenes de La Campora y los militantes de distintos movimientos sociales, que naturalmente son consumidores, tendrán la misión de controlar sea por la denuncia lisa y llana, o con alguna intervención previa y anticipatoria de la denuncia. Poco importa que la autoridad a reportar siga siendo la Secretaria de Comercio. La misma dispone de inspectores, funcionarios sujetos a reglamentaciones precisas, que deben aplicar normas escritas y conocidas por los obligados o- como en este caso – por los acuerdos. Este no es el caso de brigadas juveniles entusiastas sean boy scouts o militantes políticos.

Siempre hay un aspecto que conforma una buena noticia: en este caso es que el gobierno dedique tiempo y decisiones a la inflación. En primer lugar la reconoce. Pero es malo que se entienda que el Estado, en lugar de ser fortalecido para ejecutar las políticas decididas, deba ser desplazado. Eso no construye y mas bien destruye la trama institucional.

Otro tema es el diagnóstico de esta inflación. Es cierto que se oyen voces que ante el problema, ahora reconocido por todos mas allá de los números del INDEC, se proponen métodos salvajes a la manera de la sangría. Esencialmente inferirle al enfermo una punción sangrante llamada desempleo. El método de ajuste es eso: desempleo o el remedio que mata. Y frente a estas propuestas debe lograrse el rechazo mas contundente. El mundo ha avanzado acerca de esto. Y es necesario que todas las fuerzas políticas se manifiesten contra esta metodología. Porque la inflación es un problema.

Un ejemplo del camino alternativo correcto es, en la actualidad, la experiencia de los países nórdicos en los que el esquema tripartito (Estado, trabajadores, empresarios) les ha permitido crecer con equidad y desarrollarse sin inflación.

Ese método lo puso en marcha Juan Perón en 1973 (Héctor Campora era presidente) y sería extraordinario que los jóvenes de La Campora y los funcionarios peronistas de este gobierno, analizaran aquella experiencia frustrada por un asesinato (José Rucci), una muerte (Juan Perón) y un golpe de Palacio (José López Rega). La lección es que violencia, en el marco de la debilidad de las estructuras políticas, y el fanatismo y la locura de Palacio, son kriptonita contra el consenso civilizatorio. Para que el consenso sea posible hay que terminar con la violencia de las palabras y los hechos; fortalecer las estructuras políticas; y abrir los palacios del poder para que no se incube el fanatismo que lleva a la locura.

La actualidad de las democracias capitalistas mas exitosas de Occidente, en lugar de copiar los métodos de amputación del Estado, puestos en marcha por Carlos Menem y el Banco Mundial, aplican la presencia vigorosa del Estado a partir del consenso.

El control popular no debe ser el desplazamiento del Estado en ninguna forma. El control popular se debe expresar en el fortalecimiento de las estructuras políticas y de las instituciones de intermediación; en el aislamiento definitivo de la violencia; y en la apertura genuina de todos los palacios del poder. El control popular como desplazamiento de las funciones del Estado, en definitiva, conspira contra la democracia.

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