¿Qué nos pasa?

Buenos Aires, 16 de marzo 2014

Carlos Leyba

Negar que en Argentina las ciudades se tornaron más inseguras es tratar de tapar el cielo con las manos. La sociedad asume que la responsabilidad es de las autoridades y éstas niegan los hechos para no aceptar esa responsabilidad. Y no hacerlo impide ocuparse de revertir la exclusión y la inequidad. Negar los números de la pobreza imposibilita ocuparse de revertirla.

No es fácil siquiera encarar el camino de la respuesta. Pero en todo caso esa sola constatación es suficientemente esclarecedora para saber que lo que realmente nos pasa viene de zonas muy profundas de nuestra organización social y de zonas muy profundas de nuestro sistema de valores. La profundidad de un problema nos obliga a excavar mucho para encontrar la razón. Ello supone mucho trabajo; mucha paciencia y una enorme esperanza de encontrar; y luego de poder sanar.

Los últimos días, en Buenos Aires el escenario que reproduce multimediáticamente los sucesos, han sido francamente impiadosos. El caso del joven con una pierna ortopédica revoleado como una bolsa de basura y además sometido a la brutalidad de querer quitarle la pierna, en medio de una pelea por cuestiones sindicales. Las peleas, seguidas de heridas, entre obreros de la construcción reclamando la prioridad en los puestos de trabajo. Un nuevo asesinato de un chofer de colectivo seguido de un paro que, en un día de lluvia, dejó a miles de personas pagando un precio inesperado a causa de la violencia y de la inseguridad.

Negar que – más allá del lugar que ocupemos en las estadísticas comparativas – las ciudades de nuestro país se han tornado más inseguras es tratar de tapar el cielo con las manos. La sociedad asume que la responsabilidad es de las autoridades y estas niegan los hechos para no aceptar esa responsabilidad. Ese es el debate de la superficie. Nuestro Papa Francisco, en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, escribió “Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia”.

Negar esos hechos impide ocuparse de revertir la exclusión y la inequidad. Negar los números de la pobreza impide ocuparse de revertirla. Negar la responsabilidad impide asumirla. Es un círculo vicioso.

Circulo vicioso más sorprendente cuando las mayorías electorales, en la Argentina, se reconocen tributarias, lo dicen al menos los elegidos, de tradiciones democráticas y populares. Lo fueron los fundadores del radicalismo y del peronismo. Y lo son también aquellos cuyo origen se ubica en las tradiciones marxistas, socialistas, comunistas, etc., y que hoy se confiesan demócratas. A pesare de esas fuentes el oficialismo niega la pobreza existente, niega la exclusión y la inequidad.

Afirma ser el gobierno que más ha hecho por la inclusión y la equidad. ¿Por qué? ¿Cómo llegar a la profundidad de la violencia y de la inseguridad, que los ciudadanos perciben como el problema social mayor, si negamos el fenómeno de superficie y la primera capa geológica que lo sostiene tal como lo expresa Francisco?

Lo que el gobierno ha hecho no ha generado resultados en este marco. No en la superficie: la violencia y la inseguridad. Ni en la primera capa geológica de la pobreza y la inequidad.

Cuando la acción no genera resultados, lo sensato no es repetir o aumentar la dosis sino reflexionar el diagnóstico. Y el diagnóstico nos lleva a pensar que pasó en la economía. Aún en los años de más crecimiento, más creación de empleo y menos inflación. Opositores y oficialistas celebran los años de los superávit gemelos como un escenario de virtud. Pero la estructura del empleo, la producción y la exportación era la misma de hoy; y la pobreza y la inequidad, números más números menos, era la misma de hoy.

La repetición sistemática de la versión oficial, que niega los hechos de la superficie y de la primera capa geológica, les impide, a los miembros del gobierno, el trabajo de profundidad de reflexionar sobre las bases del sistema que administran.

La inseguridad es una falla sistémica, como lo son la inflación y la ausencia de inversión. Las tres fallas convergen negativamente: la inflación es, en parte, consecuencia de la ausencia de inversión; y la ausencia de inversión impiden impactar positivamente sobre el empleo y la pobreza. De la misma manera que la inflación, tal como se presenta, erosiona la capacidad de inclusión. Y la inseguridad genera, de manera directa e indirecta, un clima negativo para la inversión.

¿Estamos haciendo todo lo posible? No. Básicamente porque toda posibilidad se cierra a partir de la negación de los hechos: “no hay pobreza, no hay exclusión”. Es que solamente la verdad libera. Libera las fuerzas de transformación. La mentira es absolutamente regresiva.

Estamos lejos de la verdad y a partir de allí es imposible interrogarnos seriamente por lo que nos pasa; y nos asegura que nos seguirá pasando.

Cristina, que como ya hemos mencionado, imposibilitada de pintar un escenario presente y futuro digno de ser apetecible porque los números no dan, inició el discurso de las reformas como material que permite embanderar militantes.

La última la reforma del Código Penal. Lo que se vincula con lo que hemos estado comentado más arriba ya que, con razón, la inspiración garantista del anteproyecto se basa en que la inseguridad, el delito, la violencia no se detiene por la existencia del castigo o de un código, sino por la eliminación de las raíces del mal. Coincidencia. Todo código es algo que se dispara después de los hechos que la sociedad debe, por sobretodo, impedir que se produzcan. Como dijimos antes al día de hoy esta administración no ha avanzado en ese camino.

A pesar de eso, el Código es una regulación importante. Todos reconocen que el que nos rige adolece de fallas de todo tipo. Y la reforma que se propone contiene un cambio doctrinario de tal magnitud que, en la cuestión de la reincidencia, propone su eliminación mientras que la Corte acaba de consagrar su vigencia. Un ejemplo de la magnitud doctrinaria del cambio propuesto.

Los defensores del anteproyecto sostiene que, en primer lugar, se trata de una cuestión que sólo pueden debatir los expertos y que la discusión en el ámbito, llamémosle, popular está vedada por razones científicas. Y la junta de firmas que promueve Sergio Massa adolece de “inconstitucionalidad”. Sin embargo el artículo 40  de la Constitución Nacional dice que el Congreso podrá someter a consulta popular un proyecto de ley cuya promulgación será automática; y el Congreso o el presidente podrán hacerlo para una consulta popular no vinculante. Nada impide entonces la participación popular respecto de la sanción de un Código.

Este artículo da por tierra la crítica por “demagogia o populismo” de la propuesta de participación popular a favor o en contra de un Código; y establece, felizmente, que la democracia no puede quedar sometida al espíritu de la “república de expertos”, cuya opinión debe ser tenida en cuenta pero eso no implica la transferencia de la capacidad de decisión. En economía, muchas veces también se invoca el carácter científico del conocimiento para avalar políticas que van en contra de los intereses de la mayoría.

Es que el control popular en la democracia es un elemento esencial. Recordemos que el espíritu de la democracia implica la búsqueda de la igualdad, en el seno de la libertad y animada por la fraternidad. El respeto a la opinión de todos es el primer elemento de la igualdad y es inejercible si no ocurre en el marco de la más absoluta libertad; que requiere un espíritu de fraternidad.

Algunos de los miembros del comité de expertos nombrado por Cristina han manifestado su apego a la república de expertos y una falta de respeto a los valores democráticos que, con todas las fallas que pueda contener, expresa toda consulta popular más allá del valor legiferante que se le pretenda asignar.

Y como estamos en esto del control popular sobre las decisiones del poder público vale la pena volver sobre el último episodio del Juez Norberto Oyarbide a quien Ricardo Forster, miembro de Carta Abierta, que ha defendido sin fisuras absolutamente todas las decisiones y omisiones de la gestión K, definió como “Impresentable. No tengo otra palabra que decir”. Seguramente no es un juicio unánime, pero le pega en el palo. Y a pesar de ese consenso, fundado en lo que ha trascendido durante dos décadas, por la decisión del Consejo de la Magistratura y del Senado, Oyarbide sigue ahí. ¿Una consecuencia de la república de expertos para atender la conducta de los jueces?.

El último escándalo alrededor de Oyarbide responde al caso de la Asociación Mutual Propyme. El INAES es el organismo del Poder Ejecutivo para la “economía social” y define a las mutuales como “entidades sin fines de lucro, prestadoras de servicios, sostenidas por el aporte de sus asociados, actuando con seriedad y eficiencia de empresas, donde  un grupo de personas asociadas libremente, bajo una forma legal específica, se reúne para solucionar problemas comunes, teniendo por guía la solidaridad y por finalidad contribuir al logro del bienestar material y espiritual de sus miembros”.

El que se presenta como “dueño” de la “mutual” es Guillermo Greppi, que acepta ser llamado “empresario” y no “mutualista”. Las mutuales, por definición, no tienen dueños.¿?

¿Qué ha hecho el INAES hasta ahora? Greppi es mencionado en una denuncia de La Alameda – la agrupación que lucha contra la trata con el apoyo del entonces Cardenal Jorge Bergoglio –. La cuestión tiene que ver, dice La Alameda el 23 de abril de 2013, con la marca de ropa esclavista SOHO cuyos dueños, dicen, fueron procesados por estafa y vaciamiento; y embargados por un millón de pesos. El informe de La Alameda concluye “mientras SOHO se encuentra de hecho intervenida por el financista Guillermo Greppi a cargo de “Propyme” el cual mandó a sus empleados a llevarse la plata de la empresa todos los días. De esta manera se agiganta el vaciamiento”.

Hasta acá la victima de la extorsión según los dichos de Carlos Liuzzi, segundo del Carlos Zannini el número 2 de la Casa Rosada. Los dichos de Liuzzi bastaron para que Oyarbide detuviera el allanamiento, que el mismo había ordenado, sin asistir al lugar y sin detener in fraganti  – según los diarios -a los extorsionadores que incluían a su secretario Carlos Leiva (gracias a la grafía nadie podría emparentarme) y deteniendo el procedimiento que él había ordenado. Liuzzi le merecía confianza (sic) porque lo conocía por haberlo sobreseído en 2013 por una causa por enriquecimiento ilícito.¿?

El Juez Norberto Oyarbide ha de ser el juez más veces ratificado – por decisión u omisión – por los senadores de la Nación; y también uno de los más acusados por diversas causas que van desde la protección a prostíbulos; el uso de anillos de costo insoportable; y algunas decisiones judiciales de al menos discutible corrección. Tanto el Senado menemista como el kirchnerista, tal vez por tratarse de las mismas personas aunque en posiciones invertidas, nos han legado la casi eterna facultad de hacer justicia en este hombre cuestionado por casi todas las personas que no ejercen el poder. Trascendió que los que allanaban habrían recaudado millones de pesos y de ser así conformaban una banda “judicial”.

¿Qué va a hacer el Consejo de la Magistratura de la Nación y qué los senadores de la Nación, el INAES, el Banco Central y la AFIP frente a este aquelarre? Todos esos organismos están involucrados en la cuestión.

¿Qué nos pasa? ¿No somos veraces en la información, no nos preocupa la realidad sino la presentación; los responsables no actúan de acuerdo a lo que esperamos de las instituciones que conducen? ¿Qué pasa para que el sistema de elección dé cómo resultado, por ejemplo, jueces federales muy cuestionados; y que una vez cuestionados poco se haga para juzgar públicamente las conductas para sancionar las impropias o reconocer las irreprochables?

Por un lado la violencia, la inseguridad, la impiedad; por el otro una mutual, exenta de ganancias e IVA,  que no lo es; un allanamiento que, según declaraciones, se convierte en un asalto; un funcionario de la Casa Rosada que hace que el juez cambie su decisión. Y el silencio del gobierno.

¿Qué es esto? Difícil una respuesta. Pero seguro que no son problemas de superficie y que anidan debajo, profundo, en capas geológicas acumuladas. Mantengamos el ánimo de, por lo menos, describir y denunciar los síntomas; y la esperanza de que algún día surja una clase dirigente capaz de pensar en profundidad y actuar en consecuencia. ¿Lo que nos pasa es esa carencia?

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16 marzo 2014

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