La OMC: fallo contra la Argentina

7 de septiembre de 2014

Por Miguel Angel Cuervo

La Argentina incumple el Acuerdo de Licencias de Importación y el el Acuerdo de losTRIM’s (Trade Related Investment Measures o Medidas del Comercio relacionadas con la Inversión) al aplicar requisitos de perfomance vinculados a exportaciones, inversiones y empleo. Ambos acuerdos vienen de la lRonda Uruguay (1994/5) los TRIM´s limitan la autonomía para desarrollar políticas de inversión. Y además la Argentina controla y restringe los giros de utilidades y dividendos. Estos son los hechos.

Entre mayo y agosto de 2012, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón solicitaron la celebración de consultas formales con la Argentina, por considerar que las medidas adoptadas por nuestro país con relación a la tramitación de las importaciones, no estaban en consonancia con los compromisos asumidos por el país en la Organización Mundial del Comercio. Dichas consultas se efectúan según lo previsto en los artículos 1 y 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD) entre los países Miembros de la OMC.  También por el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994), el artículo 19 del Acuerdo sobre la Agricultura, el artículo 6 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación (Acuerdo sobre Licencias de Importación), el artículo 8 del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (Acuerdo sobre las MIC) y el artículo 14 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Turquía, Ucrania, Australia, Canadá, Guatemala y México pidieron ser asociados a las consultas.

En sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial (también conocido como panel), los reclamantes identificaron varias medidas a las que denominan “prescripciones restrictivas relacionadas con el comercio” (PRRC). Según los reclamantes, la Argentina exige que los operadores económicos adopten determinadas medidas específicas en el marco de una política por la que se trata de eliminar los déficits comerciales y sustituir las importaciones por mercancías de producción nacional. Las medidas identificadas por los reclamantes son las siguientes: exportar un determinado valor de mercancías desde la Argentina relacionado con el valor de las importaciones;  limitar el volumen de las importaciones y/o reducir su precio; abstenerse de repatriar fondos desde la Argentina a otro país; realizar inversiones en la Argentina o aumentar las existentes (incluso en instalaciones de producción); y/o incorporar contenido nacional en las mercancías producidas en el país. Adicionalmente, se denunció que las tramitaciones impuestas para la autorización de las importaciones constituyen licencias, que se aplican en forma discriminatoria.

El 6 de diciembre de 2012, habiéndose agotado sin éxito las consultas formales entre las partes, la Unión Europea, los Estados Unidos y el Japón solicitaron por separado el establecimiento de un grupo especial con el mandato uniforme, de conformidad con el artículo 6 del ESD. En su reunión de 28 de enero de 2013, el OSD estableció un grupo especial único de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 del ESD.

El Grupo Especial señala que Argentina no ofreció documentación requerida para evaluar los acuerdos supuestamente suscriptos con las empresas con relación a los compromisos aludidos en la denuncia. Los reclamantes tampoco aportaron las copias de acuerdos firmados entre el Gobierno argentino e importadores u operadores económicos ni las copias de cartas dirigidas por importadores u operadores económicos al Gobierno argentino que habían sido solicitadas por el Grupo Especial, declarando que no habían sido autorizados por los importadores u operadores económicos signatarios de dichos acuerdos y cartas a proporcionar copias de esos documentos al Grupo Especial ni a revelar su identidad, por temor a posibles medidas de represalia del gobierno argentino. El Grupo Especial observa, que la Argentina “no ha negado o puesto en duda” la existencia de dichos acuerdos.

En el curso del procedimiento, la Argentina hizo referencia a objetivos que guían su política económica, como el crecimiento de la demanda externa y el mercado interno, un fuerte desarrollo de la industria y la producción, la promoción de la inclusión social, la mejora de la distribución del ingreso, el alivio de la pobreza y la reducción del desempleo los Acuerdos de la OMC contienen disposiciones que prevén un trato diferenciado y más favorable para los países en desarrollo, así como disposiciones que permiten que los Miembros se aparten de las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC, con sujeción a determinadas condiciones especificadas, para perseguir objetivos legítimos.

La Argentina ha formulado objeciones respecto del valor probatorio de las declaraciones de funcionarios, utilizadas como pruebas. Específicamente con respecto a las declaraciones de la Presidenta Cristina Fernández, la Argentina ha indicado que no puede suponerse ni afirmarse que declaraciones efectuadas por un presidente respecto a objetivos de política, necesariamente se cristalicen en una medida en particular y aún si este fuera el caso no es de esperar que se implementen de forma tal que resulten violatorias del orden jurídico nacional y multilateral; no puede sostenerse que, simplemente por ser efectuadas, estas declaraciones conlleven la adopción de medidas que no respeten los compromisos multilaterales asumidos por la República Argentina. La Argentina añadió que “la Presidenta de la Nación Argentina solamente se expresa con carácter vinculante en el derecho argentino en los términos del artículo 99 de la Constitución Nacional y no a través de alocuciones o discursos. Igual argumento cabe para los funcionarios que los reclamantes intentan incluir en sus argumentos por tratarse todos ellos de autoridades que forman parte del Poder Ejecutivo”.

El Grupo Especial dio traslado a las partes de sus informes provisionales el 21 de mayo de 2014. El 4 de junio de 2014, las partes solicitaron por separado la revisión de aspectos concretos de los informes provisionales; el 11 de junio de 2014, las partes formularon observaciones sobre las solicitudes de las demás partes. El Grupo Especial dio traslado a las partes de sus informes definitivos el 26 de junio de 2014, que es el que ahora se ha hecho público.

En el mismo se señala que, después de haber examinado completamente y con la debida cautela las diversas  pruebas que obran en el expediente y de haber inferido conclusiones de la negativa de la Argentina a aportar pruebas que obran en su poder, lo cual ésta no ha negado, el Grupo Especial concluye que, al menos desde 2009, el Gobierno argentino ha exigido a determinados importadores y otros operadores económicos que contraigan uno o varios de los siguientes compromisos relacionados con el comercio: a) compensar el valor de sus importaciones con un valor al menos equivalente de exportaciones (prescripción uno por uno); b) limitar sus importaciones, ya sea en volumen o en valor (prescripción de reducción de las importaciones); c) alcanzar un determinado nivel de contenido nacional en su producción nacional (prescripción de contenido nacional); d) hacer inversiones en la Argentina (prescripción en materia de inversiones); y e) abstenerse de repatriar beneficios desde la Argentina (prescripción de no repatriación).

Según el Grupo Especial, las PRC abarcan una amplia gama de sectores económicos y de operadores económicos. Las pruebas demuestran que tales compromisos se han exigido a productores y/o importadores de alimentos, automóviles, motocicletas, equipo para minería, productos electrónicos y de oficina, maquinaria agrícola, medicamentos, publicaciones y prendas de vestir, entre otras cosas. Estos sectores corresponden al menos a 6 de los 11 sectores industriales (cadenas de valor) abordados individualmente en el Plan Estratégico Industrial 2020 (PEI 2020) de la Argentina, publicado en 2011.

El Grupo Especial señala que ha constatado que el procedimiento de Declaración Jurada Anticipada de Información (DJAI) tiene un efecto limitativo en las importaciones y, por lo tanto, constituye una restricción a la importación porque: a) restringe el acceso de los productos importados al mercado de la Argentina, ya que la obtención del estado “salida” para una DJAI no es automático; b) crea incertidumbre con respecto a la capacidad de importar del solicitante; c) no permite que las empresas importen tanto como quieran o necesiten independientemente de sus resultados de exportación; y d) impone a los importadores una carga significativa no relacionada con su actividad normal de importación.

La medida PRC constituye una restricción a la importación de mercancías y por consiguiente es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. En lo relativo a su prescripción de contenido nacional, la medida PRC modifica las condiciones de la competencia en el mercado argentino, de modo que se otorga a los productos importados un trato menos favorable que el concedido a los productos nacionales similares; por consiguiente, en lo que se refiere a su prescripción de contenido nacional, la medida PRC es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994; el procedimiento DJAI, independientemente de si constituye una licencia de importación, constituye una restricción a la importación de mercancías y por consiguiente es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994.

En virtud del párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo de ventajas resultantes de ese acuerdo. Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, en la medida en que actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo XI y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, la Argentina ha anulado o menoscabado ventajas resultantes de dicho acuerdo para la Unión Europea y el resto de los denunciantes.

En consecuencia, el Grupo Especial recomienda que el Órgano de Solución de Diferencias solicite a la Argentina que ponga las medidas incompatibles en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT de 1994.

Como es usual, la Argentina apelará el dictamen emitido por este grupo especial, recurriendo al Organo de Apelación, que deberá estudiar nuevamente todo el expediente y ratificar o rectificar el resultado del panel recién finalizado. El Organo de Apelación puede avalar o rechazar lo actuado en todo o en parte y enmendar partes del dictamen. Recién cuando este procedimiento finalice, se considera que el dictamen está firme y ya no queda otra instancia de apelación. En esa oportunidad, en caso necesario, se negocian procedimientos y plazos para el desmantelamiento de aquellas medidas que hayan podido ser consideradas inconsistentes con la normativa de la OMC o, en su defecto, compensaciones.

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