¿El Estado?: ausente

14 de noviembre de 2017

Carlos Leyba

¿Hemos salido de la crisis? Cuando la crisis de 2001 se anunciaba, Julio H. G. Olivera señaló que la esencia de la crisis nacional era la falta de oferta de bienes públicos, la ausencia del Estado.El derrumbe de las condiciones de vida de nuestra sociedad quedó en evidencia cuando las personas debajo de la línea de pobreza se estimaron en aproximadamente la mitad de la población.Quince años después, la provisión de bienes y servicios responsabilidad del Estado sigue siendo la razón central de nuestros desvelos. Aquella crisis aún no se resolvió.Es cierto que las condiciones de vida en la pobreza ya no condenan a la mitad de la población.Pero el escándalo es que aún un tercio de los argentinos vive en esas condiciones y peor esa es la situación a la que nuestra sociedad condena a la mitad de los menores de 14 años. Una condena al futuro.¿Si esa condena no es una prorroga sine die de la crisis, qué es una crisis?

¿Qué es lo contrario de la crisis? Lo contrario de la enfermedad es la salud. Lo contrario de “la crisis”, en economía, es la recuperación de la capacidad de expansión sustentable y sostenida de los bienes y servicios a disposición de los habitantes que, en gran medida, son bienes públicos.

Es cierto que, en este año, la economía ha crecido; y bien puede ser cierto que la economía vuelva a crecer en 2018 a tasas moderadas.

No es menos cierto que todo sugiere que este crecimiento es más un rebote que, después de un largo período de estancamiento, la puesta en marcha de una “expansión sostenida y sustentable”.

Los indicadores de la puesta en marcha de esa expansión serían, en primer lugar , la profundidad del proceso inversor reproductivo; y, en segundo lugar, sus consecuencias, que serían el sustantivo incremento de la productividad una de cuyas expresiones es el crecimiento y diversificación de las exportaciones. Ninguna de las dos condiciones ha ocurrido, las inversiones reproductivas no han cambiado el ritmo y las exportaciones se estancan.

La continuidad del proceso se refleja en que en el ojo de la tormenta esta la incapacidad de proveer bienes públicos en la medida de lo necesario.

Lo necesario es lo que es  lo que la sociedad considera adecuado en términos de bienes y servicios públicos disponibles para todos y cada uno de los habitantes.

La profundidad de la provisión de bienes públicos se revela en la calidad de los resultados de esa provisión.

Bienes públicos son aquellos que la sociedad entiende deben estar provistos adecuadamente (cantidad y calidad) a todos los ciudadanos sin que, necesariamente, deban pagarlos de manera directa. Deben ser provistos, digamos, por el Estado que se financia básicamente con impuestos.

¿Qué bienes pertenecen al campo de los bienes públicos y cuáles al campo de los que aquí llamaremos bienes privados?

Los bienes privados pertenecen al campo del mercado. Los públicos – no importa quién ejecuta – son provistos por el Estado y el ciudadano habilitado no debe pagar por ellos sino a través de impuestos.

Muchos de los bienes que fueron (y son considerados) públicos, con el correr de los años han pasado a estar ofertados de manera privada.

La respuesta “privada” es – básicamente – la consecuencia y la evidencia de la carencia de oferta pública en cantidad y calidad. Veamos algunos ejemplos referidos a lo más clásico.

La educación primaria, secundaria y, hace menos años, la universitaria, tiene una creciente componente “mercado”.

Los ciudadanos (padres) legalmente están obligados a que sus hijos se eduquen, pero el Estado no está ni remotamente en condiciones de ofrecerlo con el mínimo de satisfacción para todos los que tienen obligación y derecho de recibirlos.

Sin el concurso de la educación privada, la educación pública (gratuita) sufriría un colapso inimaginable.

Lo mismo se puede decir de la salud. La salud privada y las obras sociales sindicales, que funcionan como una contraprestación privada, cubren una parte sustantiva de la salud de la población; y la salud pública, como garantía de servicio público, está en franca retirada, por lo menos, en términos de recursos disponibles.

La seguridad de la vida cotidiana suma, a la oferta de lo público, multitudinarios ejércitos de seguridad privada destinados a cubrir las carencias de lo público.

No es esta una visión panorámica de la cuestión pero si la mención a un conjunto de indicadores de lo que es parte de la colosal ausencia del Estado en una sociedad que reiteradamente destaca la idea de un Estado que todo lo invade. Ausencia del Estado.

¿Todos comparten que, por ejemplo, la educación, la salud y la seguridad, son bienes que para todos deben ser garantizados por la oferta pública?

De la misma manera cabe preguntarse sobre la administración de Justicia. Y la pregunta vale porque, en un extremo, hay quién sostiene que para garantizar la seguridad la mejor opción es entregarla a las compañías de seguro porque “nadie mas interesadas que ellas en cuidar la vida y los bienes de las personas”.

Es más, ante el problema que presentan los sistemas de adopción, se ha sugerido resolverlos vía el remate a la búsqueda del mejor postor (naturalmente de alguna manera calificado) para la entrega de la Patria Potestad por parte del Estado.

Ambos ejemplos del extremo de “ideología de mercado”, que desplaza la provisión pública, conforman la propuesta de una ética alejada de los valores de la sociedad occidental. Pero sirven para ilustrar el debate en el sentido que no todos compartimos la misma visión acerca de qué bienes deben ser parte del campo del mercado y cuáles deben ser resueltos en el campo de lo público.

Hay otros bienes públicos, habitualmente no mencionados como tales que sí lo son – por ejemplo – es el caso de la provisión de las herramientas del desarrollo de las fuerzas productivas.

Rumbo, plan, políticas son un “bien público”. Su ausencia pone a la sociedad, y a la economía, en condiciones de extravío. Y también el consenso social sobre ese rumbo, ese plan, esas políticas, son un “bien público”.

Marcelo Bonelli (Clarín, 10/11/17) destaca que, en su reunión con el Presidente Mauricio Macri, empresarios estadounidenses le reclamaron el “consenso” con las fuerzas políticas y los sectores sociales para generar niveles de confianza suficientes como para poder desembarcar inversiones en los sectores reales de la economía.

Todo eso provisto por el Estado, cuya voluntad deriva de las decisiones mayoritarias (y en opinión de muchos consensuadas), conforma el “bien público” principal por cuanto, de su explicitación y ejecución, se deriva la provisión y la calidad de todos los otros bienes públicos.

La educación, la salud y la seguridad, por citar solo aquellas de las que hemos hecho comentarios, sólo son posibles de ser provistas adecuadamente en función de un programa, de un rumbo, de una política global de desarrollo.

Esa “política global de desarrollo” no la tenemos y – a criterio de muchos – como consecuencia de no tenerla,  la ausencia del Estado, en la provisión de bienes públicos, es una deriva natural de aquella carencia.

La crisis es la consecuencia de la ausencia de una “política global de desarrollo” más que de la carencia de recursos para lograrlo. Es cierto que, sumada a la ausencia de la “política global de desarrollo” (y tal vez a consecuencia de ello) sufrimos el “ausentismo” del excedente generado, en criollo, de la fuga de capitales que desfinancia el proceso de inversión. Hablamos hoy de 400 mil millones de dólares fuera del sistema para un país que hace años no tiene una inversión reproductiva nueva equivalente al 1 por ciento de ese capital fugado que fue en el origen “excedente de la producción local sobre el consumo”.

Pero, más allá de esas ausencias (programa y capital), los ciudadanos (no todos, mucha evasión) contribuyen tributariamente para aportar recursos al Estado para que éste provea bienes y servicios públicos (que incluye toda la acción de gobierno desde la defensa nacional a las relaciones internacionales, desde el diseño de la infraestructura al cuidado del desarrollo demográfico, etc.).

Muchos de ellos – respecto de los bienes más inmediatos para la vida – además de los tributos, aportan recursos para la provisión privada de esos bienes que, teóricamente, deben ser provistos por el Estado que para ello recauda los impuestos.

Y, por otro lado, el Estado argentino presiona tributariamente sobre el Producto Bruto Interno en los mismos niveles porcentuales que lo hacen los Estados de los países que disponen de un Estado Social que, con la contribución tributaria, garantizan, por ejemplo, educación, salud y seguridad para la inmensa mayoría de los ciudadanos en un nivel de calidad aceptable como la demuestra la calidad de la vida de los países que llamamos desarrollados.

Tenemos un Estado que pesa mucho y que corre o socorre poco. Un Estado ausente. Y una economía que ausenta capital.

Ausente el Estado tanto para aquellos que le exigen la presencia en actividades “visibles” (educación, seguridad, salud) como para quienes le exigen la presencia en actividades menos visibles, pero que resultan esenciales para la presencia, calidad y profundidad de las visibles.

Y con las no visibles me refiero al diseño estratégico del desarrollo de largo plazo, en todas las dimensiones, y a las políticas, herramientas y recursos, que contribuyen a ello.

Tenemos para todas las visiones – visibles o no – poco Estado. Y, para todas las visiones, un Estado que insume muchos recursos y cuya ausencia es muy gravosa para todos en términos de la vida cotidiana.

Y también para muchos es muy cara en términos de costos adicionales por ausencia de oferta de bienes públicos que le disminuyen el “ingreso disponible”.

Para esos muchos, a la carga tributaria, debe sumársele la carga de los “servicios privatizados” por ausencia de Estado.

Esos costos afectan el ingreso disponible y en consecuencia deforman la estructura de la demanda solvente.

El gobierno ha heredado un Estado ausente y deficitario porque, a pesar de no proveer esos bienes en cantidad y calidad, los ingresos que recibe no cubren las cuentas.

A esa herencia el actual gobierno le ha agregado gastos y – a pesar del aumento de la recaudación – el déficit fiscal se prorroga.

En lo dicho no hay nada nuevo. Simplemente que el Estado deficitario es un Estado ausente en términos de la visión propia del Estado Social, es decir, de los bienes públicos que garantiza el Estado Social que, le recuerdo, uno de sus objetivos básicos es el “pleno empleo” que vaya sino es un “bien público”.

La gestión de este gobierno ha decidido – mientras supone medidas para el déficit  – resolver las cuentas mediante financiamiento externo, un financiamiento que no financia a un Estado Social con las características propias de los que disponen los países desarrollados.

¿Qué tipo de Estado, en déficit, financia la deuda externa con la que se compromete la Argentina? Aunque parezca exagerado, la deuda, contribuye a financiar a un Estado que sólo trata de lograr un estado de “subsistencia”.

Es que un porcentaje sustantivo del gasto público está destinado a amparar a los que carecen de los recursos para una vida digna. El Estado destina gran parte de los recursos a la subsistencia de una parte de la ciudadanía. Y está muy bien que así lo haga.

Pero ese Estado, que es hoy uno de “subsistencia”, es la consecuencia de la incapacidad del sistema económico para proveer empleo digno; y esa incapacidad es la consecuencia de la ausencia de inversiones reproductivas capaces de aportar mayor productividad a todo el sistema. Volvemos al principio para decir el Estado de “subsistencia”, la otra cara del Estado ausente, es “la crisis” y consecuencia de la ausencia de inversiones reproductivas.

Otra consecuencia, de esa falencia de inversiones en el sistema y de la consecuencia de la falta de creación de empleo productivo “de mercado”, es la explosión del empleo público. ¿La ausencia de mercado genera la gravosa presencia pública?

Y una paradoja, el empleo público ha crecido vertiginosamente al mismo tiempo que sufrimos, como hemos mencionado, una ausencia de Estado en la provisión de bienes públicos.

Sin duda no puede sino haber habido una baja de productividad global como consecuencia de un crecimiento notable de aumento de empleo improductivo y de la ausencia de incremento del empleo productivo.

Esa es la consecuencia más grave de la ausencia de inversiones reproductivas: no sólo frena el necesario incremento de la productividad para al menos permanecer “en el mismo lugar”, sino que induce, vía la estructura del empleo que genera, a la baja de la productividad.

No olvidar que el “valor agregado” del sector público es idénticamente igual a los salarios que paga. Ese “valor agregado” puede aumentar, e incluso “mejorar”, la participación de los salarios en el Ingreso Bruto de las Cuentas Nacionales, pero nada indica que contribuya a la mejora de la productividad.

En este contexto el gobierno ha decidido una reforma tributaria que, más o menos, es un cambio gradual de tasas impositivas en una dirección que puede beneficiar, transcurridos algunos años, las decisiones de inversión; un intento de disminuir efectos cascada de algunos tributos; una reconsideración del concepto “móvil” de las jubilaciones, que dejan de estar asociadas al nivel de los salario. Se supone que  a lo largo de unos años, estas modificaciones, pueden contribuir a bajar la presión tributaria y en base a futuras decisiones de gasto (eliminación de subsidios, cambio en los ajustes de sectores pasivos) puede reducir el déficit fiscal más allá de consecuencias sociales posibles. Consecuencias a no desatender.

Pero, a pesar de las declaraciones, no es una reforma tributaria “trascendente” como lo fue, por ejemplo, la introducción del IVA y tampoco reparadora, por ejemplo, cuando excluye la indexación después de años de inflación galopante.

Pero ¿estas decisiones auguran cambios potentes en inversiones cuya ausencia desencadena la paradoja de un Estado pesado y ausente?

La respuesta, en no menor medida, depende del presente. No es menor la dependencia del presente político. Como dijeron en Estados Unidos (Marcelo Bonelli) ¿hay real consenso de partidos y organizaciones sociales o el tira y afloja de una negociación que, simplemente, demora o adormece el desacuerdo?

Y no es menor la dependencia del presente económico: el mero transcurso del tiempo con ausencia de inversiones deteriora la productividad.

¿Entonces?  La política macro está dominada por la lucha contra la inflación con la única herramienta de la tasa de interés. Primero es “una tasa de disenso” y una fiesta para las inversiones especulativas que cumplen la tarea de atrasar y desviar las inversiones reproductivas necesarias para transformar el peso del Estado en un Estado Social que requiere pleno empleo digno.

En la medida que no haya un cambio de la macroeconomía estas decisiones de “reformas”, en el mejor de los casos, son de baja intensidad.

Lo que es peor, la inflación no se acomoda a las metas, el tipo de cambio se retrasa, crece la deuda externa y continua el déficit de la cuenta corriente del Balance de Pagos. Nada de eso señala el camino allanado para el retorno real del capital fugado que debería ser la primera etapa del boom esperado de inversiones.

Mientras tanto y más allá de las opiniones de los empresarios extranjeros, las fortunas nacionales duermen en el exterior y el ahorro en dólares de fuga continúa.

Un Estado pesado y ausente, que no provee los bienes públicos, es la consecuencia, y no la causa, de una política no centrada en los objetivos de desarrollo que es, en sí mismo, un bien público. Un Estado ausente en todas las dimensiones.

La conclusión es que sin replanteo estratégico toda reforma es débil. La debilidad, como sabemos, es una ausencia de salud.

La ausencia del Estado, más que el déficit, es el síntoma de nuestra enfermedad económica y política.

Esta ausencia del Estado el gobierno trata de suplirla con la pasión gestionaria. Y no está mal apasionarse por la eficacia. Que no es lo mismo que eficiencia. Los costos sociales o económicos de largo plazo, pueden tornar ineficiente lo que en apariencia es eficaz. La eficiencia en políticas públicas tiene que ver con las prioridades. El desorden de prioridades mas tarde o mas temprano se paga.

La gestión cuenta si responde al rumbo. Y ese es el bien público ausente.

El gobierno preocupado por los resultados ha contratado otra consultora para “reorganizar” el Estado (por cierto “internacional”) porque entiende que el problema está en “la máquina” y no en la dirección.

La consultora contratada al asumir el gobierno propuso 23 ministerios y cargos tan ridículos como este: Coordinadora de la Coordinación de Desarrollo y Plataformas Tecnológicas de la Dirección de Datos Públicos de la Dirección Nacional de Datos e Información Pública de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización” (sic). No es una broma.

Estos cargos fueron creados por esta gestión con el asesoramiento de una consultora que como es obvio no fue muy eficaz (la eficiencia dejémosla de lado) y ahora contratamos otra.

Ni la primera ni la nueva podrán modificar nada de la cuestión central que no es la organización del Estado sino la dirección del mismo.

Sin ideas claras de lo que hay que hacer desde el Estado para construir la Nación, la gestión es un accesorio inútil y la gestión no suple la ausencia del Estado. Por eso la pregunta ¿Y el Estado?

 

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14 noviembre 2017

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